Fuente: WWW.ELESPECTADOR.COM
Hubiera sido curioso que el país viera esta semana en la televisión a empresarios de palma y ganaderos —uno detrás de otro, con la cabeza gacha— entrando a la Fiscalía a rendir indagatoria por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
Se hace con delincuentes comunes, guerrilleros y paramilitares, como todos hemos visto en los noticieros. La justicia así hubiera quedado más parada. Porque lo que se ha hecho en los territorios de los consejos comunitarios de Curbaradó (con b, según el Instituto Agustín Codazzi) y Jiguamiandó ha sido una práctica corriente en el país y que contaba con la complicidad de las autoridades competentes. No de otra manera se explica que a sabiendas de ser un territorio colectivo donde no se podía ni vender ni comprar tierra, los empresarios hayan adquirido más de 20.000 hectáreas en zona de mil aguas, apoyados por los paramilitares del Élmer Cárdenas que, asesinando a 120 campesinos, obligaron a huir a más de dos mil.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Diócesis de Quibdó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Defensoría del Pueblo vienen denunciando reiterativamente la invasión del territorio y el despojo de tierras. Los empresarios alegan que lo han hecho de buena fe: la gente se les acerca a vender su predio y ellos lo compran. Desconocen con cinismo la ley porque están acostumbrados a la impunidad. Saben que una vez sindiquen al que se oponga a sus negocios de ser de la guerrilla, esa persona queda en manos de los paramilitares.
