Fuente: http://www.nasaacin.org/contexto-colombiano/4156-universidad-publica-se-pronuncia-sobre-la-persecucion-a-los-movimiento-sociales-en-el-pais
Desde el Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia. Centro de
Estudios Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Con gran sorpresa
nos hemos enterado del arresto del líder afrodescendiente Felix Manuel
Banguero, acontecida el día 8 de junio de 2012 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Guachené, acusado entre otros delitos de rebelión y concierto para delinquir.
COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Junio 13 de 2012
Desde el Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia
Centro de Estudios Sociales. Universidad Nacional de Colombia
Con gran sorpresa nos hemos enterado del arresto del líder
afrodescendiente Felix Manuel Banguero, acontecida el día 8 de junio de
2012 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Guachené, acusado
entre otros delitos de rebelión y concierto para delinquir. El señor
Banguero es líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y
representante del Consejo Comunitario El Pílamo, Municipio de Guachené.
Su histórica lucha le ha llevado a participar en la propuesta y
formulación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de
1991, que después permitiría la formulación de la Ley 70 de 1993. Su
incansable compromiso con la defensa de los derechos étnicos y
territoriales de las comunidades del Alto Cauca le condujo en días
recientes a participar en el Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios
y Organizaciones Afros de Colombia, realizado en Bogotá entre el 17 y
el 21 de mayo con la participación de más de 200 organizaciones de todas
las regiones del país. En el marco del proceso de consulta
y socialización del Decreto Ley 4635 de 2011 “Por el cual se dictan
medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras”, el señor Banguero facilitó los
debates entre los más de 800 líderes afrodescendientes con la Unidad de
Restitución de Tierras y con la Contraloría de la República.
La región del Alto Cauca (departamentos del Cauca y Valle del Cauca) ha
sido sometida a un progresivo acaparamiento de tierras y de bienes y servicios
ambientales en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras. Los
intereses de acumulación privada de ingenios azucareros, industrias
sucroquímicas y de alimentos, y de corporaciones multinacionales
mineras, energéticas y papeleras han forjado en la región un régimen de
privatización y expropiación de los bienes ambientales de las
comunidades locales. La negación activa de los derechos étnicos y
territoriales a las comunidades de esta región, así como los procesos
productivos y extractivos en detrimento del uso colectivo del territorio
por parte de las comunidades afrodescendientes, evidencian un claro
despojo racista en el Alto Cauca, el cual se ha expresado con las
amenazas, asesinatos, desplazamiento y criminalización de líderes
sociales en la región.
En el caso del PCN, el arresto de uno de sus líderes históricos reviste
mayor gravedad, por cuanto sobre el PCN existen medidas cautelares
concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esta
actuación judicial, el gobierno desatiende estas medidas y pone en
riesgo tanto la integridad y dignidad personal del señor Banguero, como
del Proceso
de Comunidades Negras. En este sentido, entendemos que las amenazas y
la criminalización a sus miembros se incrementan en momentos en que las
comunidades afrodescendientes enfrentan y denuncian proyectos y
políticas que violan sus derechos étnicos y territoriales que se
desarrollan en contravía de sus propias aspiraciones de autonomía,
dignidad, identidad y participación social. Además, reconocemos en este
arresto una expresión inequívoca de un sistema de justicia que omite las
denuncias de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas
pero dispone su andamiaje para perseguir los líderes y lideresas,
afectando y debilitando profundamente los procesos de organización y
movilización en torno a la reclamación de derechos étnicos y
territoriales.
Públicamente manifestamos nuestra preocupación por la criminalización y
estigmatización de líderes que desatiende las órdenes de la Corte
Constitucional consagradas en el Auto 005 de 2009, y que afecta
negativamente la garantía de los derechos de las comunidades que
ancestralmente han habitado el Alto Cauca. Además, expresamos nuestra
solidaridad con el PCN, con el Consejo Comunitario El Pílamo y con los
familiares del señor Banguero.
Solicitamos al gobierno brindar todas las garantías legales, dar
cumplimiento al debido proceso y respetar la integridad física y
psicológica del señor Banguero.
Instamos al cumplimiento inmediato de los acuerdos del G-24, en el
marco de los cuales el gobierno, en cabeza del Viceministro de Gobierno,
se comprometió a garantizar la protección efectiva de los líderes,
organizaciones y comunidades étnicas, desde una perspectiva diferencial,
integral y colectiva. Exhortamos a los Ministerio de Interior,
Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo y a las autoridades judiciales para que acompañen al señor
Banguero y todas las personas detenidas durante este operativo y
garanticen que no se genere una nueva escalada de detenciones masivas,
violatorias de los derechos humanos.
Convocamos a la comunidad académica, a las organizaciones sociales y
populares, a las ONG´s y demás sectores de la sociedad civil a
proporcionar acompañamiento y solidaridad permanente frente a los hechos
mencionados y promover de manera masiva una campaña de denuncia y
rechazo a la criminalización de los líderes y lideresas de las
comunidades étnicas.
Atentamente,
Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia
Centro de Estudios Sociales
Universidad Nacional de Colombia
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