Por: Dora Montero Carvajal, 14 de Febrero, 2012 5:05 am
El oro está en las entrañas de las montañas del Cauca y por eso varias empresas mineras –legales e ilegales– tienen sus ojos puestos en el departamento. Hace cuatro años las multinacionales comenzaron a pedir autorización para explotar el oro en la zona y hace un año empezaron a llegar también los mineros ilegales.
El río Mondomo divide a los municipios de Santander de Quilichao y Caldono. Hasta aquí llegaron las retroexcavadoras de las empresas ilegales a explotar el oro sin permiso alguno. Los indígenas decidieron hacer una acción de liberación de la Madre Tierra y sacaron las retroexcavadoras, las bombas y otra maquinaria. Pero no pudideron dejar las cosas como estaban. El río cambió su curso y la huella de los huecos que abrieron las mineras ilegales quedaron como cicatriz.
Fotos: Dora Montero
El problema que tienen unos y otros es que mucho de ese oro está en territorios sagrados para los indígenas y las comunidades negras. Y por eso las dos etnias se unieron para declararse en oposición radical a la locomotora minera del Gobierno de Juan Manuel Santos. La consigna es clara: en la zona no se explotan los recursos naturales –con excepción de la minería ancestral y tradicional– y al que intente entrar, se le saca.
La decisión está tomada por las autoridades, aunque en algunas comunidades es más fácil aplicarla que en otras. Ya hay líos sociales y las comunidades se están preparando para el debate, pero los líderes saben que la fiebre de oro que se despertó en el norte del Cauca significa una nueva guerra, igual a la que les llevó el narcotráfico.
Y que esta guerra se une a la otra guerra. La que los indígenas llevan lidiando por décadas con los actores armados y las Fuerzas Militares y que mantiene al departamento en la primera plana de los periódicos y los noticieros. Como se declararon en neutralidad activa, ambos bandos los acusan de ayudar al otro. Y los muertos los han dejado los indígenas y las comunidades negras.
Hace apenas cinco días, dos ex gobernadores indígenas tuvieron que salir de Jambaló, en el norte del Cauca, amenazados de muerte. Las Farc los declararon objetivo militar junto con el coordinador general de la Guardia Indígena del Norte del Cauca y otros líderes del Movimiento Indígena. Los guerrilleros dicen que los ajusticiarán porque supuestamente los indígenas ordenaron el asesinato de dos comuneros el año pasado.
La amenaza y el exilio de este grupo de líderes indígenas se dio al tiempo con la Asamblea Permanente de Jambaló, decretada el 2 de febrero, en la que los guardias indígenas y las familias se rotan para cuidar los resguardos de los actores armados. La idea que tienen las comunidades organizadas en la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, es evitar que el terrorismo que se convirtió en protagonista del Cauca se tome sus territorios.
La Silla Vacía estuvo en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao y Suárez, donde las comunidades negras e indígenas que decidieron hacer oposición radical a la locomotora minera del Gobierno de Santos, a pesar de que saben que eso significa la llegada de una nueva guerra.
Las cicatrices del río Mondomo
Las minas de oro siempre han existido en Buenos Aires y Suárez, en el norte del Cauca. Pero apenas hace unos años los indígenas se enteraron de que tras el oro del río Mondomo –que atraviesa diez de sus catorce resguardos en Caldono y Santander de Quilichao– están las grandes empresas mineras.
Aunque Quilichao, para los indígenas paeces significa “Tierra de Oro”, hasta ahora la extracción del oro en el río fue de barequeo muy eventual, porque la extracción minera no forma parte de sus costumbres ancestrales. Pero hasta allí llegaron los mineros ilegales.
El gobernador de Canoas, Venancio Perdomo, cuenta que una a una fueron llegando once retroexcavadoras a lo largo del río, en jurisdicción indígena. Detrás de cada máquina, venían las motobombas y los bulldozers. Los trabajadores llegaron también en grupos grandes, con acento antioqueño y las manos callosas por el trabajo en la minería.
Los indígenas se opusieron desde el comienzo y les dijeron a los trabajadores que no podían explotar allí. Les enviaron varias razones y por lo menos tres comisiones fueron a visitarlos para exigirles que se fueran. Los indígenas también se quejaron ante la Policía, el Ejército y la Alcaldía. Pero pasaron seis meses y no hubo ninguna respuesta.
Entonces, un grupo de casi 600 indígenas llegaron hasta donde estaba la maquinaria y obligaron a los empleados a salir. En una parte lograron que con las mismas retroexcavadoras llenaran los huecos que habían abierto para extraer el oro. Pero en otras, prefririeron que se fueran lo antes posible.
Hoy, seis meses después, las cicatrices de la explotación son evidentes en el río. En una zona conocida como Mondomito, el río perdió su cauce natural y la tierra viene embarrada por la piedra y la arena que quedó floja en el fondo y que se revuelve con cualquier corriente. Con la tierra que sacaron de los bordes del río, hicieron montículos de piedra de por lo menos cuatro metros de altura. En todo este tiempo no ha crecido sino maleza en los alrededores. Donde estaban los huecos se llenó de agua y de maleza. Nadie puede cruzar por allí.
En diciembre, intentaron meter otra vez las retroexcavadoras en la zona de Las Mercedes, pero ahora la orden de la comunidad ya está dada y de una los indígenas obligaron a los trabajadores a salir de la zona.
Lo que no saben los habitantes de la región es qué tanto podrá durar su resistencia, sobre todo porque las Farc están asociadas con los mineros ilegales. La guerrilla les cobra a los empresarios una cuota para dejarlos trabajar en la zona y además se ha convertido en intermediaria en la venta del oro y en el canje por armas. Un papel exactamente igual al que juegan en su otro negocio, el del narcotráfico.
Los recuerdos de La Toma
A otro lado de la montaña, las costumbres ancestrales les dejaron otro camino trazado a las comunidades negras. Allí desde que hace más de 400 años, el oro ha sido el medio de subsistencia. Hasta esa zona llevaron a los negros como esclavos para que sacaran el oro y hasta ahora es lo que han sabido hacer.
Pero esto no quiere decir que de la minería artesanal estén dispuestos a pasar a la minería ilegal o a gran escala. Un ejemplo es el asumido por el Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio de Suárez. Aunque los mineros quieren tecnificar la extracción, no lo quieren hacer con las grandes empresas. La decisión es una: nadie que no pertenezca a la comunidad podrá explotar oro en las montañas de la zona.
No es un trabajo fácil. La explotación del oro por las comunidades ancestrales tiene dos caras. Una es la minería a cielo abierto: familias enteras se dedican a golpear la piedra hasta abrir canales para después regarla con agua a presión para que los desechos bajen por gravedad hacia unos pequeños cajones tejidos en cabuya, entre cuyos hilitos queda el oro, de cinco a siete gramos por semana, cuando la cosa va bien.
Rosamelia Guazá tiene 50 años y desde que cumplió los 15 ha madrugado por lo menos tres días a la semana a trabajar en la mina. Primero en la de su familia y ahora en la de su esposo. Está acostumbrada a las semanas de cinco gramos de oro, cuando no llueve.
La otra cara es la oscura de los socavones. En las paredes de las montañas de Suárez, se ven agujeritos amarillos que dejan entrever el ingreso a las otras minas, las que se hunden hasta 400 metros de profundidad con condiciones de seguridad mínimas. Con orgullo, los mineros dicen que allí nunca ha ocurrido una tragedia.
En ambos casos, las tierras están tituladas a nombre de las familias que han vivido ancestralmente en la zona.
Ya una vez les ocurrió. En 2009, a la zona llegaron los representantes de Héctor Jesús Sarria, con títulos en la mano a exigir que desalojaran porque allí iba a funcionar un proyecto de alta minería. Las licencias salieron con la excusa de que en la zona no había comunidades afros, cuando la verdad es que toda la gente que vive allí es afrocolombiana. El pulso fue fuerte y solo a finales de 2010 lograron tumbar la licencia, gracias a una tutela que revisó la Corte Constitucional.
Pero ese triunfo no hizo más que "alborotar" a las multinacionales que están interesadas en explotar el oro de la zona. "Somos seis o siete personas enfretadas a las multinacionales", contó uno de los miembros del Consejo Comunitario de La Toma, y miembro del movimiento afrocolombiano Proceso de Comunidades Negras, PCN. Ese enfrentamiento les ha costado amenazas que ya están en investigación por parte de la Fiscalía.
La consulta previa
La oportunidad que les da la Constitución a las etnias indígenas y negras para decir si quieren o no la explotación en su territorio es la consulta previa. Pero en el norte del Cauca no creen en ese mecanismo.
El consejero mayor de la ACIN, James Yatamé, dice que “las consultas previas están manipuladas. La gente del Ministerio del Interior viene con la de la empresa, se reúne con Planeación, con la Alcaldía y nada más”. Los acercamientos con la comunidad indígena los hacen los representantes de la empresa sin la presencia del Ministerio.
Hasta la ACIN llegaron hace un tiempo algunos representantes de la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti, que es la que tiene gran parte de los títulos de la zona, pero la respuesta del consejo fue que no iban a dar su permiso. A través de la Alcaldía, han podido continuar con las visitas pero ya en una oportunidad la Guardia Indígena sacó a un grupo de geólogos que estaban haciendo una visita de observación.
Igual ocurre en las comunidades negras. El miembro del Consejo Comunitario dice que la consulta se convirtió en un mecanismo de presión de las multinacionales. Dicen que a dos miembros del Consejo Comunitario de La Toma les han ofrecido hasta 450 millones de pesos para que apoyen la iniciativa de la consulta previa y solo para que se permita la exploración. La negativa ha sido absoluta: el territorio no está en venta.
Esa posición es radical. Y el gobierno ha tomado nota. La semana pasada, en la IV Convención Nacional Minera, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, habló sobre la importancia de acercar al Gobierno con los empresarios para impulsar mucho más la locomotora del desarrollo nacional. Se detuvo para hablar del trámite de las consultas previas que, dijo, se había convertido en uno de los “frenos de la locomotora minera, un dolor de cabeza para los inversionistas y un factor de riesgo para la competitividad”. Y todo esto, por culpa de la ineficiencia del Estado.
Por eso, el actual Gobierno decidió acelerar la expedición de las certificaciones sobre presencia de alguna comunidad en la región y, segundo, agilizar el trámite de las consultas previas. Los procesos de consulta que duraban en promedio un año y medio ahora no pasan de los seis meses.
Pero esa agilidad significa para las comunidades indígenas una señal de alerta. El consejero Yatamé contó que a los miembros de la ACIN les preocupa es que pasen por encima de las decisiones de la comunidad con las consultas previas, porque ya ha ocurrido así en temas como la Ley de Víctimas donde la ACIN no se sintió consultada.
La respuesta del director de Consulta Previa del Mininterior, Rafael Antonio Torres, sobre las visitas de sus funcionarios junto con los de Anglo Gold Ashanti fue que esas visitas hacían parte de sus funciones. Según explicó a La Silla Vacía, para certificar la presencia de grupos étnicos en el área de influencia de los proyectos, los funcionarios del Ministerio hacen visitas a la zona en compañía de los empresarios que deben mostrar sobre cuál área tienen interés. Y si encuentran que en esa zona hay alguna comunidad étnica, comienza la consulta previa. Durante todo el proceso, el Mininterior acerca a la comunidad con la empresa.
Pocas salidas
El miedo de los líderes de las organizaciones indígenas y negras es que la unión que han logrado en torno de la defensa de su territorio, se les devuelva en contra. “Al indio le está comenzando a sonar lo de la plata fácil con el oro”, contó el consejero James Yatamé. La estrategia de los empresarios es convencer a cada indígena y a cada negro, uno por uno, de que les permitan entrar a su territorio y explotar el oro. Incluso algunos campesinos ya han vendido y con eso los resguardos están quedando encerrados.
Cada vez que los mineros dan un paso en este sentido, hay problemas para las comunidades. En la Finca San Rafael, en Santander, ya hay conflictos entre las comunidades negras e indígenas entre quienes quieren permitir la explotación y quienes no, y esas disputas ya dejaron dos muertos. Y en el resguardo de Monchique, en Santander, las Farc han atemorizado a las comunidades porque está intentando quedarse con el negocio del oro. Ya controlan el mercado y ya les anunciaron que no permitirán oposición.
Por otro lado, algunos afro han comenzado a entrar tecnología traída de Medellín y con ello contaminantes como el cianuro.
Y por eso, tanto las comunidades negras como las indígenas tienen listos los argumentos para mantener su decisión de no trabajar para la locomotora minera. Se trata del derecho de prelación que les da la oportunidad a las comunidades indígenas de pedir las licencias de exploración y explotación en las tierras que les pertenecen. Se trata de pasar la pelea en el territorio a la pelea en los estrados judiciales.
Saben que no va a ser fácil porque el Estado es dueño del subsuelo, pero aún así están convencidos de dar la pelea. Aunque eso signifique dejar muchas vidas. Están listos para luchar una nueva guerra.
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