Cartagena de Indias, 19 de abril de 2012
Doctor
PEDRO LUIS MOGOLLÓN
Director Diario El Universal
Cartagena de Indias
Cordial saludo
Con suma extrañeza y preocupación hemos venido
observando la forma como desde la línea
Editorial y periodística de ese importante
medio de comunicación se trata de sembrar una matriz de opinión negativa frente
a la garantía y respeto de los derechos que nos asisten como comunidades
negras, a través de epítetos y estigmatizaciones generalizadas cuando se nos
califica de invasores y chantajistas.
En reiteradas oportunidades las notas
periodísticas y editoriales de El Universal califican por ejemplo a los
habitantes de Marlinda y Villa Gloria como invasores, desconociendo el derecho
a la posesión del territorio ancestral que le asiste a quienes allí habitan
desde finales del siglo XIX. Así lo dice
el editorialista cuando escribe: “La Zona Suroriental, la
Suroccidental, las laderas de La Popa, las orillas de la Ciénaga de la Virgen,
Policarpa, Mandela y Marlinda, entre muchos otros lugares, hoy centro de
grandes masas de habitantes urbanos marginales, surgieron todos de las
invasiones. Y cuando estos barrios ya no tienen más espacios, los hijos y
nietos de invasores buscan nuevos horizontes, para invadirlos también. Tienen
pocas posibilidades distintas de conseguir donde vivir, y saben que en muchos
casos, las invasiones no solo quedarán impunes, sino que serán legalizadas
después”.
Usted, Dr Mogollón, sabe que Marlinda y Villa Gloria no son
comunidades aisladas del cordón umbilical que histórica y ancestralmente las une
a lo que hoy se conoce como cabecera “urbana” de La Boquilla. Esa es una misma
comunidad con iguales referentes socioculturales y económicos.
En esta opinión lamentablemente lo acompaña el
Sr. Alcalde, Campo Elías Terán Dix, cuando deja un manto de confusión al
referirse a los legítimos poseedores de la Isla de Tierra Bomba en los
siguientes términos: “Lo primero es conciliar con los invasores. Después tenemos que defender la isla del
cambio climático con un proyecto de 23.000 millones de pesos para construir los
espolones. Estoy en conversaciones con el ministro de Minas para llevar gas
natural y agua. Y estamos pensando en un desarrollo con los mejores estándares
ambientales. Vamos a hacer hoteles, campos de golf y conjuntos residenciales”.
¿A qué invasores hace referencia el Sr.
Alcalde? ¿A los nativos o a los de cuello blanco, a los inversionistas o a
quién? El pueblo de Cartagena sabe muy bien la historia de Tierra Bomba y desde
cuando tuvo que desplazarse a la Isla.
Con mucho respeto creemos que ese importante
medio de comunicación sin la contextualización debida contribuye a la
desinformación de la sociedad, lo que sin duda alguna se concreta en comportamientos
hostiles y de agresión contra las personas que ocupan legítima y legalmente esos territorios. Todo esto amén de la mácula
a la que se condena a todo un conglomerado humano sólo por el hecho de ser
comunidad negra y ser poseedor de un territorio apetecido en los actuales
tiempos por grandes inversionistas.
Este comportamiento trata vanamente de afianzar
el continuo histórico de despojo y destierro de las comunidades
afrocartageneras, tal como ocurrió para vergüenza de nuestra historia con
Tierra Bomba, Chambacú y El Papayal. Situación que también se refleja en La
Boquilla, donde los invasores de cuello blanco no inspiran “campañas”
sistemáticas de “denuncia” como ocurre con los sectores desvalidos y
empobrecidos que lo único que poseen es un territorio donde “caer muertos”.
Al compás de lo ya afirmado, percibimos el
inicio de la descalifcación y descolorización del sagrado derecho a la Consulta
Previa, como un mecanismo idóneo de participación de las comunidades étnicas.
Aseveraciones tan tajantes como las que se plantean en el editorial de El Universal,
publicado el 31 de marzo de 2012, bajo el titulo “El Dique se crece”, donde al
tenor expresa “En Bolívar se debería acometer muy pronto la
construcción del puente nuevo en Gambote, al igual que tres viaductos y elevar
la calzada 2 metros entre la nueva estructura y Corralito (en tierra firme
arjonera), lo que afortunadamente no requiere la consulta previa establecida
por la Ley 70 (o ley Mónica, por su creadora, Mónica Restrepo Hernández), un instrumento
maravilloso de participación de las comunidades para que el Gobierno no las
pueda atropellar, pero lastimosamente convertido con frecuencia en un medio
de chantaje por algunos líderes comunitarios que pretenden medrar a su amparo y
a espaldas de la comunidad”.
Exhala el entrecomillado un dejo de satisfacción por la no realización de la consulta previa a las comunidades, por los proyectos allí mencionados, dados que están “en tierra firme arjonera”. Ignora el editorialista que en las zonas del Canal del Dique existen comunidades negras, y que por ese sólo hecho de carácter fáctico son sujetos de derecho – sentencias T745 de 2010 y T129 de 2011. Allí están las comunidades de Rocha y Leticia, por ejemplo que están organizadas en Consejos comunitarios.
Exhala el entrecomillado un dejo de satisfacción por la no realización de la consulta previa a las comunidades, por los proyectos allí mencionados, dados que están “en tierra firme arjonera”. Ignora el editorialista que en las zonas del Canal del Dique existen comunidades negras, y que por ese sólo hecho de carácter fáctico son sujetos de derecho – sentencias T745 de 2010 y T129 de 2011. Allí están las comunidades de Rocha y Leticia, por ejemplo que están organizadas en Consejos comunitarios.
El calificar como invasores y
chantajistas a dirigentes y comunidades negras de forma generalizada coloca a
quien así piensa en la orilla del racismo y la discriminación. Esas son las
excusas perfectas que entes estatales y privados toman como pretexto para
evadir la responsabilidad en el respeto y cumplimiento de los derechos
fundamentales que les corresponden por orden de tratados internacionales,
mandato Constitucional y legal y sentencias de las altas cortes a las
comunidades negras. Con esos falaces argumentos se “legitiman” las brechas que
evitan el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para con los y las
afrodescendientes, tal como lo ha expresado con rigurosidad el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Es por ello que no aplican una verdadera
política de inclusión en el desarrollo de nuestras comunidades.
Solicitamos a Usted, dar a
conocer de manera concreta quiénes son esos líderes comunitarios que “han
convertido con frecuencia en un medio de chantaje” los mecanismos de
participación como la consulta previa. O colocar en conocimiento de las
autoridades judiciales correspondientes los casos que sirven de soporte a
afirmaciones como estas.
Dr. Mogollón, son muchos los
periodistas y comunicadores sociales que – aquí sí desafortunadamente- han estado y están involucrados en actos de
corrupción que han sido y son de conocimiento de los órganos de justicia, en pleno
comportamiento delictivo y antiético del deber ser de una profesión tan bella y
necesaria para un verdadero marco democrático. Ello, Dr. Mogollón está lejos de
motivarnos a insinuar en lo más mínimo el desconocimiento o vulneración de
derechos sagrados y patrimonios de la humanidad: la libertad de expresión, la
información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación, en
correspondencia al artículo 20 de nuestra Carta Magna. Porque entendemos que
estaríamos Dr. Mogollón legitimando un pensamiento que soportaría
comportamientos autoritarios y/o tiránicos.
Permítanos por último,
exhortarlo a que suspenda esa campaña sistemática de desconocimiento de los
derechos que nos asisten y que desde su privilegiado cargo generemos acciones
propositivas dirigidas a comunidades, autoridades estatales y gremios de la
producción sobre los DERECHOS y DEBERES que nos asisten y corresponden a todos,
y en especial a las comunidades negras, la cuales están condensadas en todo el
acervo cultural-ancestral y el marco legal diferencial que nos rige en Colombia
hoy día.
De Usted,
HENRY GUIZAMANO VIVAS
Presidente y Representante
Legal
No hay comentarios:
Publicar un comentario