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Por: Elespectador.com
DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 el Estado colombiano ha venido haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población afrodescendiente, palenquera y raizal.
Se han desarrollado normas y jurisprudencia para el reconocimiento de sus derechos y se ha ratificado todo tipo de convenios internacionales orientadas a disminuir la discriminación. La Ley 70 de 1993, en la que se reconoce la propiedad colectiva de comunidades negras, fue un gran avance. Desde entonces, más de 5 mil hectáreas han sido entregadas a cerca de 63 mil familias que han habitado históricamente la Costa Pacífica. Además, el Gobierno Nacional ha diseñado y apoyado la formulación de políticas, planes y programas para proteger y reconocer a estas comunidades. De hecho, en Bogotá tomó lugar el año pasado una campaña masiva para frenar la discriminación por color de piel y proteger a los 97.000 afrodescendientes que viven en la capital. Todos los años eventos como éste se extienden en el país.
No obstante, a pesar de los esfuerzos, como lo dijo en su momento Luis Ernesto Olave, director de Fundesarrolloafro, “no es cierto que haya disminuido el racismo, lo que pasa es que ahora se esconde” y junto con él la magnitud del problema. De aquí que la sociedad mestiza minimice la discusión con frases como: “No interesan las razas, esto no es problema, todos somos iguales”, “no debería ser, existe mezcla de razas” o, la siempre presente, “todos somos hijos de Dios”. Sin embargo, a pesar del pronunciado liberalismo, no hay tal cosa como igualdad de derechos, por lo menos no para las comunidades negras. No en vano esta población tiene tasas de analfabetismo 3,7% más altas que la población mestiza, 8% más altas en mortalidad infantil y 13% más altas en necesidades básicas insatisfechas. Tampoco es casual que la tasa de desempleo de la población negra sea casi el doble que la de los mestizos y que la intensidad de desplazamiento y migración por violencia también lo sean.
Es un hecho: se dice “negrito”, pero no “mesticito”, en los altos puestos de poder es difícil ver a un afrodescendiente y en la hoja de vida conviene evitar la foto para no revelar el color. En este contexto es que cursa en el Congreso un proyecto propuesto por el Partido MIRA según el cual deben existir penas de tres a seis años de prisión para quienes incurran en discriminación racial. Esta propuesta, que por lo demás acaba de ser aprobada en primer debate en la Comisión Primera de Senado, tiene referentes en otros países. En Alemania se puede pagar hasta siete años de cárcel y recientemente en Bolivia hasta cinco. En Argentina, además de castigo penal, hay una ley que obliga a todos los establecimientos comerciales a instalar la leyenda: “Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia”.
La legislación del país es mucho más laxa, sin embargo, esto no es de suyo malo. No es claro que la salida a la discriminación por raza y color de piel sea penal. De la misma manera que no es claro que la salida a la discriminación por género, condición social, opinión política u orientación sexual lo sea. Es una batalla difícil, muy difícil. Tanto lo será que grupos dispuestos a jugársela por la igualdad de unos están dispuestos a jugársela por la discriminación de otros. La educación es un camino largo, muchas veces demasiado largo, motivo por el cual existen, entre otras, las acciones afirmativas que han ayudado a reversar la discriminación en casos similares. Claro, mezclar a todos estos grupos es igualar lo desigual, pero las celdas, es claro, no son la salida. Nada bueno queda de una sociedad más pronta a la represión penal que ha programas pedagógicos, al desarrollo económico y al social.
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