Por: Claudia Mosquera Rosero-Labbé*
En Colombia, cuando hablamos de racismos, de discriminación racial y de desigualdades raciales aparecen hostilidades y gestos que informan una profunda negación colectiva de la importancia de estos temas en la vida nacional.El país hace parte de un conjunto de naciones latinoamericanas que cimentaron su identidad nacional en el legado hispánico y en la negación de indígenas y negros.
Desde hace 200 años el discurso político e intelectual criollo está cargado de inclusión igualitarista retórica y de reales exclusiones racistas, sexistas, clasistas y regionales.
Los portentosos mitos de la igualdad y mestizaje racial impiden ver los nefastos impactos de los racismos en las relaciones interculturales.
Urge iniciar por lo básico. Es decir, reconocer la existencia de dichos racismos, castigar las prácticas de discriminación racial y ponerse al día con una tarea pendiente desde hace varios años: Colombia suscribió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en la cual se le obliga a penalizar la discriminación racial.
El proyecto de Ley que hoy se discute bajo la iniciativa del Movimiento Mira, y aprobado en la Comisión primera va en la dirección correcta inicial.
La discriminación racial posee características que la distinguen de otro tipo de discriminación y se torna aún más opresiva cuando se entrecruza con la discriminación de género y social.
Sepa cómo es la vida cotidiana de una mujer cabeza de familia, negra y pobre. En Bogotá, a esta mujer no le alquilan un cuarto, los arrendatarios sin ningún recato le dicen que ellos no alquilan a negros.
En los buses, las personas mestizas rechazan sentarse a su lado, y en las escuelas sus hijos están sometidos al acoso racial, a los chistes racistas, a vejatorios epítetos.
Muchos niños no resisten tanta hostilidad y optan por quedarse en casa en donde se exponen a otros riesgos.
Los hombres y mujeres negras altamente escolarizadas no salen mejor librados. Estudios econométricos recientes muestran que sus salarios son inferiores frente a los que perciben mujeres y hombres mestizos, quienes poseen los mismos diplomas y pocas veces acceden a mercados laborales de alto estatus.
Algunos profesionales negros ubicados en cargos de algún poder dentro del Estado o de la empresa privada, tienen que lidiar con el estrés que genera la sospecha entre sus pares y en sus colaboradores el verlos en puestos que invitan a resquebrajar prejuicios raciales.
En las instituciones del Estado, a pesar del discurso del trato igualitario para todos de muchos funcionarios, en la practica burocrática tienen tratos indignos y asimétricos para con los negritos, que terminan desestimulando a las personas negras a recibir servicios sociales a los cuales tienen derecho.
En las calles de algunas ciudades, muchos hombres negros son amenazados con armas de fuego porque otro hombre mestizo, presa de miedo irracional, se imaginó que iba ser agredido por esa persona racializada.
Los jóvenes negros son objeto preferido de la brutalidad policial en ciudades como Cali y de limpieza social en Cartagena.
En Bogotá, existen bandas que intimidan con la muerte a grupos de jóvenes negros estudiantes. Estas bandas criminales han asesinado a promisorios jóvenes negros de barrios pobres. En estas condiciones murió hace pocos meses Hamilton Ortiz Murillo.
La sanción penal debe actuar con todo el rigor cuando el racismo sea utilizado para incitar a la violencia o cuando la práctica de la discriminación racial sea un factor agravante de delitos penales.
Además de penalizar la discriminación racial, habría que complementar con campañas pedagógicas y elaborar códigos de ética culturalmente sensibles en los medios de comunicación.
Que los periodistas deportivos y los que conducen programas de sátira política en nombre de la libertad de expresión, sean conscientes de su indolente racismo descarnado.
Se necesitan cambios culturales en los funcionarios de las instituciones públicas y privadas y perentorias acciones afirmativas territoriales en geografías de habitación de mayorías negras depositarias de los indicadores socioeconómicos más bajos del país.
Colombia ganaría con un Observatorio Nacional sobre Discriminación racial, que impacte las relaciones sociales racializadas para que dentro de unos cuantos años tengamos un país en donde disfrutemos el reconocernos desde todas nuestras diversidades.
Las grandes, pequeñas y medianas ciudades pueden desarrollar esta idea a nivel local.
El año 2011 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las personas de ascendencia africana. Recibamos este hecho con todas aquellas soluciones que eliminen las violencias basadas en el racismo.
* Claudia Mosquera Rosero-Labbé es directora Idcarán-Ces-Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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