¿DE DÓNDE SALE TANTO NEGRITO?. COLOMBIA

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/danielsamperpizano/de-donde-sale-tan_10979762-4

Por: DANIEL SAMPER PIZANO | 6:10 p.m. | 21 de Enero del 2012

-La Ley de Restitución de Tierras puede ser la gran obra de este gobierno... pero, después de matar al tigre, ahora parece asustado con el cuero.

-La verdad aritmética es que el Gobierno repartió o tituló en su primer año 500 mil hectáreas.

Preguntan muchos bogotanos fruncidos: "¿De dónde sale tanto negrito?". Se refieren, por supuesto, a los afrodescendientes desplazados de sus regiones, que ahora venden frutas y dulces en semáforos de la ciudad.

¿De dónde sale tanto negrito? Alguien debería escribir una especie de "Colombia para principiantes" que explique en términos sencillos las últimas décadas de la historia patria a quienes viven en un país irreal de centros comerciales. De este modo sabrán que los peligrosos y lamentables efectos del conflicto social rural permean cada vez más las ciudades y amenazan con reventar su cómoda burbuja. Así entenderán también la trascendencia de remediar los explosivos problemas de tierras en lejanos lugares que ellos rara vez oyeron nombrar: Apartadó, El Salado, Mampuján, Mapiripán...

En los últimos lustros, el narcotráfico -del que viven la guerrilla, los paramilitares y las mafias-, extendió sus garras sobre el agro productivo: 3,7 millones de campesinos desplazados; 4 millones de hectáreas abandonadas de manera forzosa; 350 mil familias y 2 millones de hectáreas despojadas por los violentos mediante el binomio fuerza + corrupción: matanzas, ocupación de tierras y posterior titulación fraudulenta con ayuda de alcaldes corrompidos, notarios corrompidos, funcionarios corrompidos. El resultado son los negritos en los semáforos.

Ese es el narcotigre que se ha adueñado del campo colombiano. El arma diseñada para matarlo fue la Ley 1448 (10 de junio del 2011), conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La norma responde a una orden de la Corte Constitucional en el 2009 y fue diseñada, tramitada y defendida con plausible dedicación por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Si ella se aplica como toca, podría cambiar el país. Pero algunas pistas hacen pensar que el Gobierno, que mató al tigre con tanto valor, se está asustando con el cuero.

La primera son las cifras de restitución. El ministro calcula que este año la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y los jueces agrarios, ambos de reciente creación, recibirán unas 14.000 reclamaciones y fallarán algo más de 2.100. Hay 360 mil casos de despojo, y la administración Santos aspira a restituir 160.000 hasta agosto del 2014. Pero a razón de 2.100 anuales se necesitarán más de 170 años para acabar la labor... y la ley solo regirá durante diez. La verdad aritmética es que el Gobierno repartió o tituló en su primer año 500 mil hectáreas, cifra parecida a la de gobiernos anteriores. De ellas solo 14 mil corresponden a predios arrebatados a los negritos.

La segunda inquietud se refiere a una revolucionaria novedad de la Ley 1448: la inversión de la carga jurídica de la prueba. Normalmente, quien denuncia a otro por ocupar o robar su propiedad debe demostrarlo. En predios ubicados en zona de despojos, la ley presume mala fe en el cambio de propietarios y ordena "trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima" (artículo 78).

Sin embargo, el Gobierno y el Ministro han querido entender que la carga de la prueba pasa al Estado, no al presunto despojador. "Si el Estado se convence y llena de pruebas de que (el predio) efectivamente fue despojado, entonces proveerá al reclamante de un documento que puede hacer valer", ha expresado de modo reiterado el Ministro. Esto no es lo que dice la ley. La ley impone al presunto usurpador la obligación de demostrar que su título es limpio, no al Estado. Bastante tiene el Estado con, entre otros deberes, ordenar catastros, proteger al "reclamante" (el negrito que vuelve por su tierra) y asistirlo técnicamente, como para echarse encima una tarea asignada por ley al que se quedó con la finca.

Con semejante interpretación, la dilación está asegurada, el Estado asume responsabilidades que la ley no le pide y corremos el riesgo de que, dentro de diez años, los despojadores consoliden sus títulos chimbos y los negritos sigan vendiendo frutas en los semáforos.

cambalache@mail.ddnet.es