Por: Nancy Rivas
Al sur oriente del Chocó, en la espesura de la selva, se encuentra la población de Nóvita en medio de la reserva forestal del Pacífico. Lugar en el que conviven la pobreza y riqueza, ya que hay grandes yacimientos de oro, platino y otros minerales. Con la llegada de la Condoto Platinum Limited (CPL), han comenzado las deliberaciones entre los mineros informales y la multinacional, estando como espectadores los diferentes entes gubernamentales, que solo atinan a evadir sus responsabilidades señalándose el uno al otro.
Empresarios responden
En el 2011, al municipio llegó un grupo de personas pertenecientes a la CPL. Sucursal creada en Colombia desde el 2009 y que funciona con capital extranjero de origen australiano. La empresa se dedica a la inversión en proyectos con fines de prospección, exploración, construcción, montaje, aprovechamiento, transformación, explotación, transporte y promoción de minerales en general. Condoto Platinum tiene actualmente 2.000 hectáreas concesionadas, que se encuentran en fase de exploración y están a la espera de la entrega de 14.000 más (140 kilómetros cuadrados).
“La empresa Condoto Platinum llega al municipio de Nóvita, a socializar una propuesta que incluye proyectos de intervención social, buscando beneficios como apoyo financiero, tecnológico, ambiental, social y legal de todo lo concerniente a los título de las comunidades que integran el Cocoman”, dice George Patrick Juilland, presidente de la compañía CPL en Colombia.
El Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN) discute si la propuesta de CPL beneficia o no a las gentes, con la limitación del tiempo, pues deben de pagar el canon superficiario por cada hectárea de terreno que comprenden los títulos colectivos. Gran parte de los habitantes del municipio son afrodescendientes, no obstante la población también está compuesta por tres comunidades indígenas, concentradas en los siguientes resguardos: Montería y San Onofre, de población Embera; Sabaletera, de la comunidad Katía.
CPL cuenta que este territorio ha estado ligado a la riqueza en minerales y en el pasado se hicieron algunos estudios de suelos, pero fueron abandonados por la inestabilidad política del Gobierno de entonces. Ahora, el Gobierno actual es seguro para la industria minera, ofreciendo incentivos para la inversión extranjera.
Juilland comenta, que “el problema cultural de las personas, es que no tienen la costumbre de un salario o de cumplir horarios, no comprenden la relevancia de tener todas las prestaciones sociales, situación que eleva los gastos de inversión de la empresa, porque los costos de la mano de obra no tienen control, cada quien cobra lo que quiere por su trabajo”.
Los mineros artesanales parecen no tener conciencia de prácticas como el ahorro, inversión en vivienda o educación, solo satisfacen sus necesidades básicas al solucionar el día a día. Ellos solo trabajan para su supervivencia. “La práctica del ahorro, no se genera porque la minería se trabaja como actividad artesanal de solo subsistencia y no productiva, fenómeno que se presenta como práctica generalizada, no solo en Nóvita, sino en todas las principales zonas auríferas del país, donde a pesar de las riquezas de sus suelos, son territorios con altos índices de pobreza y de deficiencia en todos los servicios básicos”, expresó el antropólogo Antonio López, de Acopi (Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresa).
Minería informal
La presencia de la minería informal a ambos lados de la vía que conduce desde el municipio de Condoto a Nóvita, consiste en explotaciones a cielo abierto, que vierten en los ríos gran cantidad de sedimentos de lodo, produciendo deterioro ambiental. Existen las excepciones, en la mina de Evelio Martínez, se impide la caída de aguas contaminadas a las quebradas y su intención es legalizar el negocio, aplicando un plan de manejo ambiental regulado por el gobierno.
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) se ha limitado a establecer programas de control y uso del mercurio, problema que si bien es crítico por el impacto que causa a la salud pública, no es calificado así por la corporación, debido al deficiente control, que se hace de su uso en las minas.
El gran problema causado por la actividad minera informal, es el impacto a la seguridad alimentaria de las comunidades, por la degradación y destrucción de las fuentes hídricas. Situación que no ha sido atendida de manera integral por CODECHOCÓ, considerando que cada mina vierte en promedio tres mil cien toneladas de sedimentos a las fuentes hídricas, las cuales son el resultado de la destrucción de cuatro hectáreas de suelo.
Entre los mineros informales persiste la preocupación, pues a partir del 1 de enero de 2012, ellos serán asumidos como “delincuentes o traficantes”, según los últimos comunicados del Gobierno Nacional. Los minerales hallados por la fuerza pública, que estén en poder de los mineros, serán decomisados siempre y cuando no demuestren la legalidad de su origen.
El ingeniero Juilland, piensa que la comunidad está en el derecho de contemplar distintas propuestas, y concluye que “sólo Condoto Platinum se ha esmerado en suministrar una información completa y veraz de la propuesta, antes de que se tome una decisión colectiva”.
Las irregularidades
Ofir García*, funcionaria de CODECHOCÓ, dice que la intervención que hace el Ministerio de Ambiente se reduce a restringir el uso del mercurio y la inversión de CODECHOCÓ es mínima, de bajo presupuesto, además de que esta entidad ha hecho acuerdos irregulares con mineros informales, a través de la Cooperativa de Mineros del San Juan para que el cobro que se realiza por tasa retributiva de vertimientos a cada minero se liquide bajo un valor constante de 1 millón 500 mil pesos mensuales y no como lo establece la ley: de acuerdo a la carga vertida de sólidos suspendidos totales y la demanda bioquímica de oxigeno, según lo indique el monitoreo de la propia entidad.
Según esta denuncia, el valor a pagar sería de por lo menos 12 millones de pesos mensuales por mina. Por lo tanto dejan de ingresar a CODECHOCÓ alrededor de 5 mil millones de pesos al año, si se considera que aproximadamente 44 minas pagan tasa retributiva. Este escenario deja a la entidad como la única responsable por los daños causados a las fuentes hídricas por los vertimientos de minas en el departamento del Chocó.
Adicional a esto, el sindicato de la entidad ha hecho más de 20 denuncias por esta y otras irregularidades ante la Presidencia de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción y todos los entes de control, pero hasta el momento, no se ha dado alguna sanción efectiva al respecto, el gobierno nacional, solo inició el proceso de liquidación de la entidad.
Actualmente existen diferencias entre la Junta directiva del Consejo Mayor de Nóvita y la compañía Condoto Platinum. Esta última invirtió recursos en la socialización del proyecto, pero excluyó a algunas comunidades del territorio.
“La comunidad en su proceso de aceptación sufrió tres momentos: 1) Veían a la multinacional como un invasor generador de ruina y pobreza; 2) un inicial acercamiento con la comunidad permitió que vieran otro punto de vista, contrario a lo infundado y cambiando su postura frente a la compañía; 3) ven la llegada de la multinacional, con una visión a futuro, basada en el desarrollo de las partes”, afirma Carlos Vega, arquitecto de Condoto Platinum. En la actualidad existen otras tres empresas interesadas en los títulos colectivos del Consejo comunitario de Nóvita, pero la única que ha logrado socializar su propuesta es Condoto Platinum.
Inversiones multimillonarias
Según Gorgonio Moreno, habitante de Nóvita y miembro de COCOMAN, la propuesta actual de la empresa se centra en las negociaciones para establecer un convenio de trabajo articulado dentro del marco legal que acoja y beneficie la pequeña minería y la transnacional. Estas negociaciones establecieron mesas de trabajo con el fin analizar las necesidades de la comunidad y convenir, con las empresas trasnacionales establecidas en la región, las condiciones de explotación de los minerales.
Helcías Ayala, ingeniero ambiental, afirma que “la empresa está en unos acercamientos con el consejo comunitario para avanzar con una etapa de exploración primero y luego desarrollar operaciones con una dimensión de gran minería, incluso ya tienen equipos en Novita, sino que no los han de dejado, pues el concejo necesita una socialización preliminar con la comunidades para avanzar con un proceso conjunto informal para poderlos organizar, sobre esto ya han hablado con el alcalde, ya han hecho acercamientos con mucha gente y se están preparando, incluso hay un acuerdo con los mineros legales e ilegales de Nóvita, avanzaron en la cuestión de unos títulos mineros y dentro de esos títulos disponer unas áreas para el trabajo mineros legales”.
En caso de que alguna propuesta sea aceptada por el COCOMAN, continuarán con la etapa de estudio de impacto ambiental mínimo. En ella se analizan los diferentes compuestos minerales excavados a unos 500 metros de profundidad, proceso que tarda entre cuatro y cinco años.
Algunas comunidades podrían asociarse con las empresas, pero en el momento de la inversión o aplicación del proyecto, estas estarían en alta desventaja: los costos de la exploración, demandan que los asociados participen porcentualmente en los proyectos. Inicialmente la inversión en Nóvita podrían ser de 24 millones de dólares (unos 46.500 millones de pesos). En últimas, la comunidad no tiene posibilidades de participar en el negocio, pues son de muy bajos recursos.
Eduardo Asprilla, presidente de COCOMAN, asegura que deben analizarse diferentes propuestas de otras empresas para que haya un proceso más equitativo, que se socialicen con la comunidad para que sea ella, con la vigilancia y asesoría de los entes gubernamentales, la que finalmente decida qué oferta aceptar, pensando en el beneficio integral de los habitantes.
En septiembre de este año, se firmó un acuerdo de exclusividad entre el COCOMAN y Samaranta Mining Corporation, en el cual se le concedía a la empresa la posibilidad de solicitar la concesión 117.647 hectáreas de Nóvita. Esto generó desconfianza entre los lugareños, pues Asprilla actuaba a espaldas y en contra de los interese colectivos. El documento fue firmado y hecho público en la bolsa de Toronto, como una estrategia para subir el valor de las acciones de la empresa canadiense.
La comunidad de Nóvita, sin el mayor acompañamiento del Estado colombiano, sigue adelante en el proceso de negociación, siempre buscando el beneficio en la explotación de oro y platino, minerales abundantes en la región. Al otro lado de la mesa, varias multinacionales mineras despliegan toda su capacidad económica y de negociación para obtener así la concesión, que aún en papel, les otorgaría enormes ganancias en las especulaciones financieras de las bolsas de valores.
*Por solicitud de la fuente, su nombre fue cambiado.
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