Un dossier de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)
17 mar 2011
La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:
Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.
Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima. La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del “Puerto Industrial de Agua Dulce SA”. Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.
Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca. La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos. Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.
Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUJER), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses. Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada. La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias. Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.
120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas. Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento. Algunos de sus miembros se encuentran “confinados” (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.
Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos. Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota. La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar. El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.
Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras. El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso. También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares. Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones. Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EE.UU. y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.
Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EE.UU. presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement
Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Para más información póngase en contacto con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA al (202) 797-2171;gsanchez@wola.org o Charo Mina Rojas, Grupo Internacional de Trabajo PCN al (434) 760-0663, charo@io.com
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*Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.
http://www.wola.org/es/informes/violaciones_recientes_de_los_derechos_humanos_de_afro_colombianos
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