Fuente: http://reliefweb.int/node/486266
Report
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Washington Office on Latin America
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), visitó las regiónes del Medio y Alto Atrato en el Chocó en marzo de 2012. Ahí llevamos a cabo visitas en el terreno y nos reunimos con las comunidades afro-colombianas e indígenas, sus autoridades territoriales y grupos de base, grupos de mujeres y de derechos humanos y desplazados, religiosos y las autoridades colombianas. El conflicto interno armado se está profundizando en la región del Pacífico del país y ha resultado en un aumentando de abusos, desplazamientos y confinamientos de la población local. Los líderes afro-colombianos e indígenas y los defensores de los derechos humanos enfrentan una alarmante situación de inseguridad. Todos los grupos armados cometen abusos y la fiebre minera está aumentando la violencia y menoscabando los derechos individuales y territoriales de las minorías étnicas.
El Departamento del Chocó es tremendamente rico en la biodiversidad y los recursos naturales y se encuentra en la parte noroeste de Colombia, limítrofe con Panamá. Es habitado principalmente por afro-colombianos en un 80% y un número más pequeño de pueblos indígenas (10%). Es un sitio que ha sufrido una marginación histórica por parte del Estado. Desde el 1986, el Chocó se ha visto profundamente afectado por el conflicto interno armado y la violencia. Si bien hubo una baja de índices de violencia poco después de que el grupo paramilitar de las de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) participaron en el proceso de desmovilización en la década de 2000, el conflicto se ha agudizado en los últimos años. La crisis causado por la parapolítica y la corrupción que involucra a la clase política del Chocó ha resultado en un saqueo de los presupuestos públicos. Las autoridades nacionales respondieron interviniendo al gobierno regional. Sin embargo, en lugar de resolver el problema, se aumentó la deuda del Chocó. Muchos chocoanos sufren de la inseguridad, el desempleo y la pobreza. La mayoría de ellos no reciben los servicios básicos por parte del gobierno. Quibdó, la capital del Chocó, y la mayoría no cuentan con servicio de agua potable. 52% de los residentes de esta ciudad son afro-colombianos que fueron desplazados forzosamente de sus territorios durante los últimos veinte años.
Desde el año 2011, los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, han llevado a cabo cuatro paros armados (mayo de 2011 por las FARC, septiembre de 2011 por las FARC y en enero de 2012 por parte de los Urabeños). La visita de WOLA coincidió con el último paro armado de las FARC. La orden del Frente Mario Vélez 57 de las FARC-EP fue muy clara: todo el transporte (tierra, agua y aire) en el Chocó fue prohibido entre el 1 y el 18 de marzo. Todos los vehículos de transporte, incluyendo "canoas, champas, las lanchas botes"[ii] no deben movilizarse. Los panfletos de las FARC amenazaron con consecuencias graves si cualquiera persona violara esta orden. Para los afro-colombianos e indígenas que viven en las zonas rurales y tienen que viajar para cultivar y cosechar su pancoger esto significó que no tenían acceso a sus alimentos. Dado que hay pocas carreteras y que los residentes transportan por medio de los ríos, esta orden resulto en una parálisis de toda la actividad en la región.
Civiles en zonas rurales se encuentran atrapados entre todos los grupos armados. Estos grupos operan entre y alrededor de los territorios afro-colombianos e indígenas. En estas áreas el confinamiento y el desplazamiento son hechos comunes. Las minas anti-personales son una gran preocupación. Las actividades de los residentes están restringidas, sus productos alimenticios son controlados y muchos residentes son extorsionados. Los grupos al margen de la ley cometen abusos contra la población civil, reclutan forzosamente a la juventud y explotan de forma sexual a las mujeres y los menores de edad. La presencia de grupos armados ha resultado en un aumento de la prostitución, así como la desintegración social y cultural.
Minería:
El presidente Juan Manuel Santos declaró la minería como una de las locomotoras de la economía de Colombia. Actualmente, el 40 por ciento del territorio colombiano está autorizado o solicitado para las concesiones mineras. El gobierno ha promovido una legislación para facilitar la minería a gran escala y ha otorgado licencias de explotación minera en los resguardos indígenas y territorios colectivos de los afrodescendientes. El gobierno también ha afirmado que las protestas contra la industria minera son ilegales.
Los pueblos indígenas y afro-colombianos se ven muy afectados por este auge de la minería. El gobierno colombiano ha concedido 236 licencias en los territorios afro-colombianos y hay 1.868 solicitudes pendientes[iii]. Hay 168 licencias concedidas en el año 2011 en los resguardos indígenas con otras 978 solicitudes pendientes. 80% de las violaciones de los derechos humanos tienen su origen en las zonas donde la producción minero-energética se ha concentrado en la última década[iv]. Estas regiones también coinciden con los lugares con la mayoría de los desplazamientos más recientes. Grupo Semillas informa que el 89% de los indígenas y el 90% de los afro-colombianos personas asesinadas en los últimos años se llevan a cabo en estas áreas[v].
Después de once años de lucha para obtener sus títulos de propiedad colectiva, los afro-colombianos que forman parte del Consejo Mayor de Opoca (COCOMOPOCA) finalmente obtuvieron títulos colectivos a 73.000 hectáreas en septiembre de 2011. El titulo colectivo abarca 43 concejos comunitarios que representan a aproximadamente 17.500 personas. Sin embargo, al ser reconocido el titulo colectivo COCOMOPOCA averiguó que el gobierno ya había otorgado concesiones mineras sobre 50.000 hectáreas de las 73.000 hectáreas pertenecientes a COCOMOPOCA sin respetar el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada. La legislación Colombiana dice que el estado de tiene el derecho al subsuelo mientras que el suelo pertenece a quien tiene el titulo otorgado.
Mientras que las multinacionales y compañías nacionales aún no han comenzado a explotar al máximo los minerales de oro y otros de estas áreas, la minería ilegal se lleva a cabo dentro de los territorios de COCOMOPOCA sin la vista buena de las comunidades. Las autoridades civiles y militares no han hecho esfuerzos significativos para decomisar las retroexcavadoras y dragas que a menudo son movilizadas por los retenes policivos y militares. Los grupos armados al margen de la ley se benefician económicamente de las explotaciones mineras y su presencia y accionar ha ocasionado desplazamiento forzado en todas las partes del Chocó en donde se practica.
Afro-colombianos lugareños, que durante generaciones han vivido de la minería artesanal, no se les permite a los mismos explotar las minas, a menos que los grupos armados ilegales les concedan el permiso para hacerlo. A menudo, estos grupos sólo les permiten explotar durante periodos de tiempo limitados en entornos altamente contaminados. La mayoría de los mineros son empleados por los grupos al margen de la ley que les dan un permiso en la forma de una tarjeta de identidad. Las personas sin esta tarjeta no pueden trabajar en las minas.
Esta actividad minera comenzó a cobrar impulso en el 2007, cuando las retroexcavadoras comenzaron a llegar desde Antioquia. Desde entonces, la situación de seguridad de los líderes afro-colombianos ha empeorado. Prácticamente todos los dirigentes de los concejos comunitarios afro-colombianos se encuentran bajo amenaza de muerte y frente a enormes obstáculos para la organización. Impactos de la minería:
La minería está causando efectos adversos para la salud de las comunidades y su sostenibilidad económica. El mercurio, el cianuro y otros químicos utilizados en estas operaciones contaminan los ríos y acaban con la pesca y los cultivos que alimentan a la gente de la zona. Dado que la población utiliza el agua del río para beber, bañarse, lavar su ropa y regar sus cultivos, la contaminación está afectando a su salud. Las recientes inundaciones también destruyeron muchos cultivos. La sostenibilidad económica se ha debilitado ya que los locales tienen restricciones de trabajar en las minas, y como la pesca y la producción de cosechas no son suficientes para obtener muchos beneficios. La industria maderera también está fuertemente controlada por los grupos armados ilegales y es un negocio arriesgado para estos locales.
En términos sociales y culturales, las operaciones mineras están destruyendo la vida tradicional de las comunidades. Muchas jóvenes tienen hijos con miembros de grupos armados y los mineros de afuera. Es común que estos hombres abandonan a las jóvenes después de que se cansan de ellas y que no contribuyen a la crianza del niño. Estas adolescentes son entonces estigmatizadas por tener un hijo con estos hombres. Su situación de seguridad se deteriora, ya que son estigmatizadas y corren el riesgo de represalias por parte de los otros grupos armados. También las niñas pobres se empobrecen aún más al tener que criar a una familia a una edad temprana sin apoyo. Los hombres también exponen a las niñas a las enfermedades de transmisión sexual. No todas las interacciones son de carácter voluntario y es común que los hombres exijan una relación "a las buenas o a las malas."
Es tradición cultural afro-colombiana que cuando un niño nace los padres esperan que su cordón umbilical se caiga naturalmente. Una vez que esto suceda se bendiga con hierbas, aceites y una oración de proyección de un atributo como “mujeriego” o “líder comunitario” con quien se quiere que el niño crezca y llegue a encarnar. Después se entera el ombligo en la raíz de un árbol. Esta práctica cultural demuestra que el bienestar de la persona forma parte del territorio y que él o ella pueden visitar el sitio con el fin de ganar fuerza en su conexión con la tierra. Daños al medio ambiente han llevado a la destrucción de algunos de estos árboles, lo cual obstaculiza la práctica de esta tradición.
Desplazamiento: La amenaza constante:
La mayor preocupación en muchas comunidades es el alto riesgo de desplazamiento que tienen debido a las actividades de los grupos armados ilegales, la violencia relacionada con la minería y la destrucción de sus cultivos de subsistencia. La Oficina de Naciones Unidas de Coordinacion Humanitaria (OCHA)[vi] informa que en enero y febrero de 2012 unas 5.500 personas fueron desplazadas en eventos masivos donde los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño fueron los más afectados. 14 de estos desplazamientos se llevaron a cabo dentro de las comunidades afro-colombianas e indígenas. Regiones como el Chocó y Cauca son donde la mayoría de los desplazamientos más recientes se están llevando a cabo. Las áreas de producción de la minería y la energía también se correlacionan con una alta incidencia de asesinatos de líderes de las minorías étnicas.
La situación de las personas en condición de desplazamiento es muy grave. Las entrevistas revelaron que mientras que la mayoría de los desplazados en Quibdó están sobreviviendo, que básicamente no existe atención de las autoridades a sus necesidades de seguridad, vivienda digna y el ingreso. A pesar de que la mayoría de las demandas legales ante la Corte Constitucional que impulso a la misma de dar la Auto 005 de 2009 sobre las comunidades afro-colombianas desplazadas vinieron del Chocó y que la comunidad internacional ha enviado mucho financiamiento a esta región para la asistencia a los desplazados internos, existen pocos resultados en el terreno. Personas desplazadas en diferentes tiempos en los últimos 20 años y los desplazados internos actuales están viviendo en la misma miseria. Los familiares se ven obligados a alojar a sus familiares desplazados, lo cual conduce al hacinamiento ya que no existe una vivienda adecuada para los desplazados internos.
Muchos desplazados no han recibido apoyo del gobierno, y muchos desplazados que han recibido apoyo del gobierno dicen que el proceso de obtenerla fue un obstáculo tremendo y que, una vez recibida, la ayuda es inadecuada o insuficiente. Escuchamos historias de personas que esperaron hasta dos años para recibir atención. Los desplazados internos señalaron que a menudo son tratados como parias por las autoridades locales cuando tratan de obtener beneficios. Muchos de ellos también se quejaron de que se ven obligados a ir de una oficina a otra, un proceso conocido como el "carrusel de las víctimas", y en muchos casos las victimas tienen que esperar largos períodos de tiempo sólo para hablar con alguien. Hay planes en marcha para colocar todas las instituciones bajo un mismo techo para tratar de resolver esto, pero el sitio para construir el edificio hasta ahora no se ha hecho.
Los desplazados expresaron su preocupación de que la poca asistencia que se brinda es "asistencialista", es decir que los hacen dependientes del Estado en lugar de apoyo que les ayuda a ponerse en pie y la construcción de un proyecto económica auto-sostenible que les permite convertirse en auto-suficiente. A veces, los desplazados han recibido subsidios para proyectos de este tipo, pero la cantidad y la forma de dichos subsidios que fueron entregados a ellos se administró mal, y como resultado las personas terminaron gastando el dinero en proyectos económicos que fracasaron.
La mayoría de los desplazados internos urbanos viven en la zona norte de Quibdó en terrenos perteneciendo a individuos privados. Los desplazados internos se han visto obligados a instalarse en esas zonas y construir viviendas debido a que el Estado no les ha proporcionado alternativas adecuadas. Cuando se ha construido viviendas para desplazados la combinación de la corrupción y los diseños inadecuados para el clima caliente no resuelva la situación, especialmente para familias grandes. Estos barios son muy apartados del centro de Quibdó y es costoso para los desplazados llegar a zonas centrales donde puedan vender frutas, comidas u otros objetos para poder sobrevivir. La falta de seguridad es muy preocupante para las comunidades desplazadas. Al menos 12 jóvenes desplazados fueron asesinados en la zona norte de Quibdó desde el comienzo de 2012. A WOLA se le mostró una copia de las amenazas de muerte y un panfleto los paramilitares circularon. El panfleto instauró un toque de queda empezando a las 8:00 p.m. y que las personas que no obedecen al toque de queda fueron objeto militar. Los paramilitares también han iniciado una campaña de limpieza social donde por ejemplo las personas acusados de robo serán sometidos a tener las manos o los pies cortados con machetes.
Para las familias que han sufrido el trauma del desplazamiento debido a la violencia y el conflicto esto es especialmente difícil. Los paramilitares también reclutan forzosamente a los jóvenes. En algunos casos el reclutamiento es “voluntario,” dando jóvenes desesperados incentivos económicos. Los jóvenes también son forzados a formar parte del "micro-tráfico," negocio de las drogas manejado por los paramilitares. Estos esfuerzos de reclutamiento generan un mayor desplazamiento de las familias.
Ataques contras líderes y líderezas:
La seguridad de los líderes de los desplazados es un problema significativo. Los paramilitares han amenazado con matar a personas de por lo menos diez organizaciones de desplazados, mujeres, cabildos y organizaciones de concejos comunitarios. También han declarado objetivo militar a los y las líderes afro-colombianas e indígenas. Muchos líderes han recibido las amenazas individuales y colectivas, y ellos temen por sus vidas diariamente. Ellos deben trabajar y vivir en un clima en el que están constantemente preocupados por su seguridad física y la de sus hijos. Los paramilitares buscan a los hijos de los y las líderes de los desplazados con el fin de aterrorizar a los líderes. Este escenario ha llevado que algunas liderezas envían a sus hijos a escuelas lejos de Quibdó con el fin de protegerlos de cualquier daño. Otros líderes han sufrido la pérdida irreconciliable de la muerte de sus hijos. Llamadas a las autoridades para obtener medidas de protección para estas organizaciones y sus líderes han caído sobre oídos sordos.
Mientras que la policía está presente en la zona, los lugareños nos informaron que los mismos o están en connivencia con los grupos ilegales y / o milagrosamente no están presentes cuando los paramilitares están abusando de los jóvenes. Todo el mundo tiene miedo de hablar o denunciar estos crímenes y la ley del silencio impera. La impunidad es casi del 100% en los casos de asesinatos. También averiguamos que la situación de seguridad no es una tarea fácil para la policía porque no es fácil controlar paramilitares y guerrilleros que están fuertemente armados. Paramilitares han asesinado a varios miembros de la policía en los últimos años.
Instituciones del gobierno: Amenazadas por las armas y la corrupción:
Las instituciones de control (Defensoría, Procuraduría y Fiscalía) del Estado enfrentan enormes obstáculos en el intento de defender los derechos de los desplazados. Uno de los problemas que confrontan los funcionarios es la inseguridad en las zonas rurales. El 11 de marzo, las FARC distribuyó un folleto en el pueblo cercano de Riosucio indicando que se estaban apoderando del centro urbano y la lucha contra todas las entidades del Estado, incluyendo fiscales, concejales y personeros siendo que los mismos ellos consideran ser corruptos.
Otro problema que afecta a los funcionarios es que se espera que ellos cumplan con una sobra de cargo enorme. Cada vez que una nueva ley se pone en marcha a nivel nacional, lo que es frecuente, la lista de tareas para los organismos de control se incrementan. Sin embargo, el presupuesto y el personal para cumplir con estas nuevas responsabilidades a nivel regional no se incrementan. Estas oficinas carecen de personal suficiente y el exceso de solicitudes por lo que tienen la tarea de hacer. El o la funcionario/a debe responder a las listas de casos pendientes mientras al mismo tiempo atendiendo situaciones de emergencia constantes. Además, la reestructuración de las instituciones del Estado significa que las actividades se retrasan aún más hasta que esos cambios se finalizan. Las elecciones de octubre de 2011 significó una ola de nuevo liderazgos para el capital del Chocó. Durante veinte años anteriores, el clan de los Sánchez de Oca dominó la política en el Bajo Atrato y Quibdó. La infiltración del paramilitarismo en el Chocó resulto en que varios exrepresentantes de la Cámara de Representantes Colombianas hoy estén en la cárcel por sus vínculos con grupos al margen de la ley. La combinación de la politiquería, clientelismo, parapolítica y corrupción endémica ha sido nociva para los residentes de Chocó.
La primera mujer afro-colombiana, con una larga trayectoria de trabajo comunitario y la primer mujer afrodescendiente que represento a las comunidades negras después de la ley 70 del 1993 en el Congreso fue elegida como alcaldesa. Los locales han puesto muchas expectativas sobre ella para que cambie las cosas rápidamente. Una encuesta nacional reciente indicó que la alcaldesa Zulia Mena ocupaba el quinto lugar en términos de popularidad entre todos los alcaldes de Colombia[vii]. Sin embargo, los nuevos líderes del Chocó enfrentan una situación de seguridad cada vez más compleja, junto con presupuestos casi inexistentes, la corrupción y el clientelismo rampante, un importante numero de población desplazada y muchos pobres afectados por una pobreza sistemática. La Alcaldesa Mena ha dado prioridad a acercar a la sociedad civil y el gobierno e unirlos para construir un plan conjunto para el Quibdó y para hacerle frente a la tasa de 23% de desempleo que se encuentra Quibdó (la más alta del país).
Santos visita a Quibdó:
El 12 de marzo, se celebró en Quibdó un Consejo de Seguridad debido al paro armado del las FARC en que participo el presidente Juan Manuel Santos. Para WOLA fue llamativo como se manipulo la visita del Presidente y su gabinete para objetivos mediáticos dado la contradicción fundamental de las necesidades básicas insatisfechas y la falta de seguridad que existe en el terreno. El Estado entró y salió en un día y no interactúo con el liderazgo de base o territorial de los afro-colombianos. En ese día hubo una presencia militar muy fuerte que creó la imagen de orden público, pero antes y después de la visita del presidente, los grupos ilegales siguen ejerciendo su control sobre la población. Varios chocoanos comentaron a WOLA que estas visitas son una muestra adicional del racismo que tiene el Estado hacia las áreas afro-colombianas porque entran promueven sus agendas militares y políticas, prometen dinero a proyectos que benefician principalmente el Estado mismo e intereses económicos de afuera, se toman la foto para los diarios como los que están rescatando los afrodescendientes y se van sin conocer la realidad.
En la reunión cerrada con las autoridades gubernamentales, el Presidente anunció la creación de un nuevo batallón con sede en Riosucio, una nueva unidad llamada "Unidad Meteoro" para patrullar las carreteras entre Chocó y Risaralda y la adición de unos 300 policías. Indicó que Chocó servirá como la nueva oficina principal de su programa "Ruta de Prosperidad" y que van a invertir 20 mil millones de pesos a la renovación de la zona del Malecón de Quibdó. Además, se comprometió apoyar la candidatura de Quibdó para ser sede de los juegos deportivos nacionales en 2018 y que un nuevo estadio será construido para este propósito. También anuncio el aumento de fondos para proyectos de infraestructura, salud y educación. El Presidente señaló que Colombia Humanitaria, entidad encargada de ayudar las personas afectadas por las inundaciones ha invertido unos 115 mil millones de pesos para ayudar a personas afectadas.
Si bien es positivo que el Presidente visita a Quibdó y promete mejorar la situación, muchos lugareños solo entendieron esta visita como un show para los medios colombianos e internacionales. Pocos han visto los resultados de los fondos destinados a las personas afectadas por las inundaciones. Si bien se habló de la importancia de la "transparencia", es difícil confiar en que esto se implemente a menos que existan garantías y requisitos de presentación de informes públicos de los fondos nacionales, regionales y locales que se designan a la zona y que se ponen en marcha un seguimiento vigoroso de los mismos. Un aumento en la fuerza policial y la militarización del Chocó seguramente aumentará la inseguridad para las poblaciones rurales y urbanas a menos que los temas de la colusión con actores armados ilegales y la corrupción dentro de la Fuerza Publica misma se abordan plenamente. Además, las fuerzas armadas deben ser monitoreadas para que sus acciones respeten el derecho internacional humanitario y se orientan hacia la protección de las vidas y los derechos territoriales colectivos de las poblaciones rurales en lugar de proteger la aplicación de los intereses económicos.
En lugar de militarizar el Chocó, el Presidente y las autoridades regionales deberían haber respondido a la petición de que los actores armados negocien la paz hecha por las mujeres afro-colombianas hicieron en una marcha que se realizo unos días antes en Quibdó. Las mujeres que participaron en la marcha para la paz nos explicaron que fueron motivarlas en impulsar la no-violencia y la paz porque son ellas, las mujeres y las madres, llevan la peor carga de los enfoques militaristas a poner fin al conflicto, argumentan que estos esfuerzos han traído un gran costo humano y la destrucción de gran parte de las comunidades afro-colombianas y que es hora de encontrar una solución pacífica. También están promoviendo métodos no violentos para terminar con los problemas estructurales que enfrenta el país que están generando conflictos.
Derechos humanos y territoriales ausentes del discurso oficial:
Hacía falta mucha discusión y debate en torno a la visita del Presidente sobre como mejorar los derechos humanos y el fortalecimiento de la protección de los derechos colectivos a la tierra de los afro-colombianos y los desplazados. Colombia ha avanzado poco en la aplicación de la Auto 005 de la Corte Constitucional sobre afro-colombianos, que incluye mención específica de las comunidades que residen en el Chocó como medio y bajo Atrato, municipio de Istmina, San Juan y la región del Jiguamiandó y Curvaradó. Los lugareños nos informaron que la propia Auto 005 no fue socializada oficialmente en las comunidades chocoanas hasta el 2011.
Al nivel nacional, Colombia no ha elaborado una base de datos que incluye un análisis diferenciado de estadísticas sobre el fenómeno del desplazamiento interno y sus afectaciones a los afro-colombianos pese a que la Corte le ha obligado hacerlo. Esto ayuda a explicar por qué no hay cifras confiables sobre esta población. Asimismo, no se ha planteado un enfoque diferenciado para abordar las preocupaciones especiales de los afro-colombianos desplazados internos. La falta de datos adecuados y un enfoque diferenciado hace que sea imposible que el gobierno nacional para desarrollar adecuadamente, planificar y ejecutar una estrategia adecuada para hacer frente a los afro-colombianos desplazados. También esto hace que el problema es menos visible y conduce a menos atención. Además, el Auto 005 exige que el gobierno desarrolle un plan para prevenir, proteger y asistir a los afro-colombianos y la elaboración de planes de 62 comunidades que aún no se han implementado pese que han pasado tres años desde que se tomo esta decisión. Para mejorar los derechos y las condiciones que enfrentan los desplazados internos y para proteger las comunidades de más desplazamiento, el gobierno de Colombia debe priorizar la aplicación de este Auto.
Otra cuestión que debería ser priorizada por las autoridades nacionales, regionales y locales es la enorme brecha que existe entre la visión del gobierno nacional sobre el desarrollo económico de esta región y los derechos de las tierras colectivas de las comunidades afro-colombianas. Durante los últimos veinte años, el desarrollo económico en el Chocó ha beneficiado las empresas, los extranjeros y la élite política. No ha beneficiado la mayoría de la población. Peor aún, las industrias de madera, palma aceitera, minería y la infraestructura han operado con enlaces a los grupos armados ilegales y la violencia ha generado desplazamientos. Con la aplicación inminente del acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia se profundizarán los lazos económicos entre las empresas de Estados Unidos, las multinacionales y la extracción de recursos en Colombia. A menos que se pongan salvaguardias en marcha para proteger a estas comunidades a las que son propensas a sufrir nuevos abusos y desplazamientos.
Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la constitución política de Colombia, los afro-colombianos e indígenas tienen el derecho de ser previamente consultados de manera previa, libre e informada en todos los proyectos económicos que se llevan a cabo en sus territorios. Las grandes operaciones mineras se proyectan en una gran parte de las tierras de COCOMOPOCA y no se está llevando a cabo con la concertación de las autoridades étnicas. Bajo el gobierno de Santos, se ha visto un flagrante desprecio por el proceso de consulta previa y los esfuerzos para socavar su correcta aplicación han continuado. Prueba de ello es la aprobación de la ley de Víctimas y ley de restitución, sin respetar este derecho de los afro-colombianos y las comunidades indígenas. La consulta que supuestamente tuvo lugar en relación con el decreto de aplicación de esta ley era muy deficiente.
La misma Ley de Víctimas no cuenta para su implementación con los recursos suficientes para su aplicación efectiva al nivel nacional y en particular en el Chocó. La comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento, ha reportado que el presupuesto debería ser de por lo menos, 200 billones de pesos, por lo tanto la reparación no está garantizada porque o deja a los reparados en condiciones similares a las que estaban antes de salir de sus territorios; en cuanto a la restitución de tierras, el gobierno colombiano no ha dicho de dónde va a salir la tierra para la reparación y en varios casos, a las personas que han restituido la tierra, lo han asesinado y el gobierno no tiene voluntad política de proteger a los líderes y liderezas; así mismo, en la ley se invita a las víctimas a negociar la tenencia de la tierra con las empresas y propietarios actuales que promovieron el desplazamiento forzado, el despojo territorial y los asesinatos de cientos de líderes. Deja mucho que desear el hecho de que senadores, ministros y el Presidente, una vez sancionada la ley, empezaron a gestionar los recursos para su implementación en la comunidad internacional, lo cual está bien, pero que debería verse recompensado con los aportes del propio estado colombiano.
Por último, la comunidad internacional y el gobierno de EE.UU. en particular deberían involucrarse activamente en Colombia y apoyar una solución política negociada al conflicto armado y pronunciarse públicamente sobre la crisis de protección y desplazamiento en el Chocó. Las autoridades colombianas deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para proteger a los líderes y liderezas afro-colombianas e indígenas y las personas desplazadas. El Foro Interétnico Solidaridad (FISCH- a coalicion de concejos comunitarios, cabildos indígenas, organizaciones religiosas y de derechos humanos del Chocó) desde el año 2005 viene promoviendo una agenda regional de paz, que es una salida negociada al conflicto, con perspectiva étnico-territorial, pero ni el Estado colombiano, ni los actores armados han manifestado voluntad de observación. Así mismo, el Ministerio de Defensa en los años 2006 y 2007 emitió directivas ministeriales 006 y 007 para fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los DDHH de las comunidades indígenas, negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras, después que varios Congresistas EEUU intervinieron a favor de la protección de las poblaciones afro-colombianas e indígenas. Pero el resultado ha sido que dichas directivas han sido poco observadas por las fuerzas militares y de policía.
Se requiere vigilancia internacional de las acciones de las fuerzas armadas y la policía y apoyó a esfuerzos para desmantelar la colusión entre los miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales. El gobierno de EE.UU. debe retener los fondos militares designados para Colombia hasta que se cumple con sus propias condiciones de derechos humanos sobre el desembolso de estos fondos. El mismo debe que se combate la corrupción, el clientelismo y se fortalezca de forma abierta y publica la transparencia de la gobernación y las municipalidades del Chocó. EE.UU. debe hacerle veeduría a los recursos designados del USAID para comunidades afrodescendientes e indígenas que van a las autoridades e instituciones del Chocó. El monto de dichos fondos y donde y como se aplican deberían ser reportadas de forma publica a la sociedad civil chocoana. El Congreso de EE.UU. debe tomar medidas enérgicas para mitigar las consecuencias negativas del TLC entre EE.UU. y Colombia y pedir plena y pronta aplicación de las Autos de la Corte 004 y 005 y un proceso de consulta previa, libre e informada seria. Se invita a las Naciones Unidas a que en el marco de la declaración del decenio para los pueblos afrodescendientes y su preocupación por la situación de las comunidades indígenas, que le haga seguimiento a la implementación de políticas efectivas en Colombia con los enfoques pertinentes de género, generación, sexuales, y étnicos.
[i] Escrito por Gimena Sanchez-Garzoli y Anthony Dest, WOLA, www.wola.org
[ii] http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Andes/Colombia/2012...
[iii] Minería en Colombia: A qué precio?, PBI Colombia, Boletín Informativo no. 18, Noviembre de 2011.
[iv] Ibid.
[v] Ibid
[vi] UNOCHA. Monthly Humanitarian Bulletin, February 29, 2012.
[vii] http://www.territoriochocoano.com/secciones/politica/2033-encuesta-revel...
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